El Estado tiene la obligación de consultar a los pueblos indígenas cuando una decisión legislativa o administrativa puede afectarles directamente. Esta consulta debe ser previa, libre e informada.
También es un medio de diálogo para asegurarnos de que los pueblos indígenas participen en la creación de los proyectos públicos.
Como en cualquier diálogo, esta es una conversación. Es decir, que no debemos entenderla como una votación donde se aprueba o se rechaza una medida. Más bien, es donde los pueblos y las autoridades públicas pueden construir o modificar, trabajando juntos.