Preguntas generales

El Estado tiene la obligación de consultar a los pueblos indígenas cuando una decisión legislativa o administrativa puede afectarles directamente. Esta consulta debe ser previa, libre e informada.

También es un medio de diálogo para asegurarnos de que los pueblos indígenas participen en la creación de los proyectos públicos.
Como en cualquier diálogo, esta es una conversación. Es decir, que no debemos entenderla como una votación donde se aprueba o se rechaza una medida. Más bien, es donde los pueblos y las autoridades públicas pueden construir o modificar, trabajando juntos.

La consulta puede verse de muchas formas. Lo importante es que siempre es un proceso en el cual las instituciones públicas consultan los proyectos propuestos a los pueblos.

El Estado costarricense tiene una enorme deuda con los pueblos indígenas. Por muchos años, su participación en lo social, lo económico y lo cultural fue muy poca. Es más, prácticamente no se han incluido en la construcción de políticas públicas.

Con el Mecanismo de Consulta a Pueblos Indígenas queremos establecer una conversación permanente que les haga parte de los procesos en los que construiremos los proyectos que puedan afectar sus derechos.
La Administración Solís Rivera tiene un gran compromiso con los pueblos indígenas, y la consulta es un paso importante para lograr un mayor respeto a sus Derechos Humanos.

La “consulta sobre la Consulta” es la manera en la que vamos a iniciar la conversación. En vez de que el Gobierno defina cómo funcionará el Mecanismo de Consulta, creamos un proceso de diálogo entre el Gobierno y los ocho pueblos indígenas. Así crearemos el mecanismo en equipo.

La Presidencia de la República firmó la Directriz Ejecutiva N˚  0142 “Construcción del Mecanismo de Consulta a Pueblos Indígenas”, un documento que dio el banderazo de salida para la “consulta sobre la Consulta”.

Eso lo definirán los propios pueblos indígenas. Haremos una consulta en ocho pueblos indígenas y veinticuatro territorios indígenas. Cada pueblo decidirá qué instituciones internas los representarán en la consulta. La idea con esto es incluir a las diferentes organizaciones a nivel local, territorial, regional y nacional.

Cada pueblo y territorio es diferente. Por eso, la consulta debe ajustarse a la situación particular de cada uno: su lengua, la ubicación geográfica, las características de su población, sus costumbres y otros aspectos que puedan afectar la participación de las personas indígenas.

El factor común de todas las consultas es el principio de buena fe. Esto quiere decir que debemos dar espacio al diálogo entre el gobierno y los pueblos indígenas. También significa que debe haber buena comunicación, entendimiento y respeto mutuo. Así, las negociaciones serán genuinas y constructivas y ambas partes se comprometerán a cumplir con los acuerdos pactados.
El Gobierno brindará todos los recursos y la asesoría necesaria para garantizar que las personas indígenas cuenten con toda la información correcta y que puedan entenderla. Además se dispondrá del tiempo suficiente para que cada territorio pueda decidir a lo interno.

Todas las medidas administrativas o relacionadas con leyes que pudieran afectar los derechos de los pueblos indígenas.

El Convenio 169 de la OIT también habla de los casos específicos en los que es obligatorio hacer la consulta. Estos son:

• Prospección o explotación de los minerales y recursos del subsuelo (art. 15.2);
• Traslado y la reubicación (art. 16);
• Enajenación o transmisión de las tierras de los pueblos indígenas fuera de su comunidad (art. 17);
• Organización y le funcionamiento de programas especiales de formación profesional (art. 22) y;
• Alfabetización y programas y servicios de educación (art. 27 y 28).

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas también establece casos específicos en los que los Estados deben hacer las consultas:

• Medidas para combatir los prejuicios, eliminar la discriminación, promover la tolerancia, la comprensión y las buenas relaciones entre los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la sociedad (art. 15),
• Medidas para proteger a los niños indígenas contra la explotación económica y laboral (art. 17.2),
• Uso de tierras o territorios para actividades militares (art. 30.2),
• Proyectos que afecten sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo (art. 32.2),
• Respecto los pueblos indígenas divididos por fronteras internacionales y las medidas tendientes a mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación, incluidas las actividades de carácter espiritual, cultural, político, económico y social, con sus propios miembros, así como con otros pueblos, a través de las fronteras, (art. 36.2).
• Respecto a las medidas necesarias para alcanzar los fines de la Declaración (art. 38).

La Consulta es un deber exclusivo del Estado, por lo que no puede ser delegado en personas o empresas privadas. Es obligación del Estado implementar los mecanismos de consulta, determinar qué instituciones son responsables de llevar a cabo los procesos y de darles los recursos necesarios para hacerlo.

El objetivo más grande de la consulta es integrar a los pueblos indígenas en la creación de políticas públicas que puedan afectar de forma directa sus derechos. En concreto, su objetivo es llegar a un acuerdo o tener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas sobre las medidas propuestas.

A través de los años, Costa Rica ha firmado varios tratados internacionales en materia de Derechos Humanos. Estos acuerdos establecen el deber del Estado de realizar consultas. Veamos cuáles son:

• Convención Americana sobre Derechos Humanos: firmada por Costa Rica en el año 1970.
• Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de consulta a indígenas.
• Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, firmado por Costa Rica en el año 1993.
• Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, firmada por Costa Rica en el año 2007.

Estos tratados internacionales están por encima de la Ley, pues así lo dice el artículo 7 de la Constitución Política de la República de Costa Rica. Esto es siempre y cuando los acuerdos protejan de mayor y mejor manera un derecho.

Costa Rica no tiene leyes o disposiciones de la Constitución que hablen del deber del Estado de realizar el procedimiento de consulta. Sin embargo, la Sala Constitucional ha dicho en varias ocasiones que la consulta sí es deber del Estado.